El sonar de las cacerolas vacías le debe recordar al gobierno que, a pesar del crecimiento sostenido del Perú desde el año 2002, la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno se redujo de 30.1% en el año 1991 al 21% en el 2006 y desde allí no ha habido mejoras durante todo el segundo mandato de García Pérez.
Después del 9 de julio no viene el 10 como socarronamente dijo el presidente Alan García, si no que continúa el 9 de noviembre, fecha anunciada para la convocatoria de un frente político y un nuevo paro, según confesó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán.
El juego de palabras del Jefe de Estado, cinco días antes del paro de la CGTP, dejaba expuesto no sólo el malestar evidente del gobierno sino una especie de esquizofrenia política por frenar en seco la movilización convocada por la mayor central sindical del Perú.
Lo que sí parece evidente es que de aquí hasta noviembre el ambiente sindical y popular se cubre por un manto de incertidumbre, sin que el gobierno aprista reaccione y retome su prédica primigenia de justicia y de pan con libertad.
Fermento social
La paralización fue fermentando primero por la amazonía, en el sector agrario, y en ocho regiones más, especialmente en el sur ycentro del Perú.
Las voces contestatarias claman por un cambio del modelo económico, continuado sin miramientos por el gobierno aprista, envalentonado por los evidentes logros en su política macroeconómica, a despecho de la microeconomía, esa que el común de la gente saborea cotidianamente cada vez que va al mercado de abastos.
Las encuestas últimas reflejan ese estado de ánimo de la población, pero ahora, se ha manifestado con ferocidad ante un Estado indolente y ciego que no quiere ver la brecha de inequidad, tema que hasta los propios empresarios lo abordaron en la última CADE y en cuanto forum organizaron, con la presencia del Jefe de Estado.
Ancash, Ayacucho y Puno son las regiones que más preocupación vienen dándole al gobierno. El descontento manifestado en esas paupérrimas zonas del país, debería servirle al régimen como una alerta para que en los próximos meses la situación no se escape de las manos.
De modo que, después del 10 de julio, el horizonte del malestar es de zozobra. Sin embargo, el gobierno solo atinó a ejercer la diatriba para desacreditar las protestas, como el uso del famoso “vladispots”, y utilizando al vocero más corrupto- Vladimiro Montesinos- para provocar pánico y desbande en la población.
Soldados a la calle
Por eso, después de las declaraciones del presidente García y hasta las postrimerías del miércoles 9, los principales gonfaloneros del régimen, antes que hacerle un bien al gobierno, terminaron favoreciendo a los organizadores del paro nacional.
A instancias de Palacio de Gobierno, el ministro de Defensa, Antero Flores, anunció a fines de la semana última, que las Fuerzas Armadas saldrían a las calles para resguardar los puntos estratégicos en las principales regiones. Se dijo que los soldados iban a complementar la labor de los policías. Los opositores al régimen tildaron al gobierno de fascista y de pretender criminalizar las protestas populares. Tuvieron razón.
El día del paro no se observó a ningún miembro de las Fuerzas Armadas. El gobierno pulseó el ambiente y se percató que iba a convalidar un papelón con repercusiones internacionales.
Ya calmo, el propio presidente García reconocería el miércoles al término de una maratónica sesión de Consejo de Ministros que efectivamente el paro reflejaba un descontento que hay que atender y que la protesta nacional tiene un reclamo fundamentado por el alza del precio de los alimentos.
Pero, a continuación, fiel a su estilo, García espetó: “Si el 9 no pudo parar ni el 5% del país, en noviembre no parará ni al 1% porque nadie se suma a los perdedores", dijo y denunció una especie de “conspiración contra la democracia”.
Metidas de pata
Los juicios y argumentos presidenciales post paro siguen la misma línea de las “metidas de pata” de su entorno más íntimo en el gobierno y en el Partido Aprista. El “vladispots” que el domingo último canalizara a través de una empresa publicitaria limeña, prácticamente dejó mal parado al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pues la factura salió a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no tiene nada que hacer en este lío interno.
Solícito, el secretario general del APRA, Mauricio Mulder, se autoinculpó y dijo que se había cometido un error en la facturación, pues el documento debió cancelarlo el APRA y no el PNUD.
Todo esto sucedió en las postrimerías del paro del 9 y los resultados todos los conocemos: el gobierno le había hecho una campaña publicitaria gratuita al paro de la CGTP y a Mario Huamán y compañía.
En ese marco, el tañido de las cacerolas vacías le debe recordar al gobierno, tal como apuntara el economista Julio Gomero, que a pesar del crecimiento sostenido del Perú desde el año 2002, la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno se redujo de 30.1% en el año 1991 al 21% en el 2006 y, desde allí, no hubo mejoras durante todo este segundo mandato de García Pérez.
Si a esto se suma el alza del costo de vida que paulatinamente se ha venido produciendo prácticamente desde que ingresara a gobernar el APRA y, en el escenario internacional, los aumentos del precio de alimentos y combustibles no cesan sino que se acentúan, entonces lo que tenemos en el mediano plazo es una bomba molotov que el régimen debe intentar desactivar si quiere alcanzar el desarrollo sostenido.
Si en verdad el APRA quiere ser consecuente con sus postulados doctrinarios, no tiene que emplear excusas y pretextos como, por ejemplo, motejar a las protestas populares como movimientos de “la izquierda roja”, según se ha escuchado decir a Mauricio Mulder, el secretario general aprista. Tampoco vale criminalizar los reclamos de la ciudadanía, como lo dispone una norma promulgada por el gobierno desde los episodios de Huancavelica, a comienzos de año.
Es decir, de lo que se trata es no dejar el camino libre a sus opositores que quisieran sacar el máximo provecho de los errores del gobierno, para auparse a una protesta petardista que en nada beneficiaría a la democracia. Pero, en el otro extremo, no atender las necesidades y reclamos de pueblos y regiones, porque "es pura alharaca de los rabanitos", es no solo inconsencuencia sino sordera política y social.
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